La salida de Carmen Aristegui fue para MVS el comienzo de un significativo crecimiento económico, pues la empresa recibió más de 6 mil millones de pesos tan solo de recursos públicos, lo cual sugiere pensar en un “acto de censura bien retribuido”.

En su columna publicada en El Universal, Javier Tejado Dondé dio a conocer que de acuerdo con la información transparentada por la Secretaría de Función Pública, MVS creció 130% luego del despido de la periodista.

“MVS empezó a concretar una serie de operaciones vinculadas a entidades gubernamentales que le fueron de un importante valor comercial. Todas de inusual valor y todas relacionadas con recursos públicos. Operaciones que, además, ningún otro gobierno les había querido autorizar”, menciona Tejado Dondé.

Javier Tejado Dondé es maestro en Derecho por la Universidad de Yale, colaborador de las revistas Nexos y Etcétera, y de los periódicos Reforma y El Universal. Menciona que MVS logró incrementar sus recursos por tres principales causas:

  • Se les asignó un monto millonario por publicidad oficial del gobierno federal. Previo a la salida de Carmen Aristegui, recibían cerca de 62 millones de pesos al año y en 2015 tan solo a partir de abril recibieron 114.6 millones; en 2016 el monto fue de 150 millones; en 2017 fueron 139 millones y en 2018 176.4 millones. La suma consta de 580.4 millones de pesos por publicidad oficial desde marzo de 2015.

Cabe mencionar que ningún otro grupo de radio tuvo un crecimiento similar, incluso radiodifusoras, como Radio Centro, decrecieron en el mismo periodo a pesar de tener un mayor número de estaciones y de audiencia.

  • MVS vendió a América Móvil su espectro radioeléctrico en desuso de la banda 2.5 GHz por la cantidad de 5 mil 305 millones de pesos, lo cuál nunca antes había sido autorizado por un gobierno.
  • MVS consiguió para su canal de TV el cambio de concesión que este fuera de TV abierta, lo cual tiene un valor de 426 millones de pesos.

Si bien la empresa está en todo su derecho de crecer, menciona Tejado Dondé, los documentos consultados ponen en duda su legitimidad; pues no hay registro en los expedientes judiciales de que pudieran vender la banda de 2.5 GHz ni de que se ordenara les dieran TV abierta.

Por último, Tejado Dondé menciona que “el problema es el uso de recursos y bienes del dominio público que el anterior gobierno utilizó discrecionalmente, y algunos dirá, para silenciar a una periodista que se volvió incomoda. Ojalá eso no vuelva a pasar”.