El Congreso de Yucatán ha presentado una iniciativa que propone penas de hasta tres años de prisión o 200 días de multa a quienes promuevan o apliquen terapias de conversión encaminadas a la comunidad LGBT+.

Sin embargo, también ha mostrado su postura al no permitir el matrimonio igualitario en la entidad.

En días pasados, diputados locales propusieron reconocer los derechos de esta comunidad en tierras yucatecas; aprobaron la iniciativa de ley de identidad de género.

Dicha iniciativa permitiría a las personas trans yucatecas poder actualizar su acta de nacimiento con su identidad autopercibida.

Aunque supone un avance significativo, el Congreso del Estado negó por segunda ocasión legalizar el matrimonio igualitario, argumentando que este acto debe ser solo entre un hombre y una mujer.

Esto ha llevado a pensar que tener preferencias sexuales diferentes o de cualquier otro tipo en Yucatán, atenta contra los derechos humanos de las personas.

Esto, debido a que las prácticas “reparativas”, mejor conocidas como terapias de conversión, utilizadas en el siglo XX y que continúan hoy en día, propagan la criminalización de las personas LGBT+.

Sanciones en contra de terapias de conversión

Tal parece que el Congreso del Estado no tiene un historial positivo respecto a los derechos de la comunidad LGBT+.

Sin embargo, lanzó una propuesta para aplicar fuertes multas contra las terapias de conversión.

El Coordinador de la Fracción del PRI, Felipe Cervera, presentó en días pasados, una iniciativa de ley para sancionar las “terapias de conversión” en Yucatán.

Es decir, para prohibir aquellos métodos que supuestamente sirven para “corregir” la orientación sexual o identidad de género de las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgéneros (LGBT+)

Su propuesta contempla modificar el Código Penal para castigar hasta con tres años de prisión o 200 días de multa a quien obligue, permita, consienta o aplique terapias, y métodos.

También a quienes ofrezcan tratamientos o actos que anulen o repriman el libre desarrollo de la personalidad, la orientación e identidad sexual, expresiones o manifestaciones de género, provocando daños a la capacidad física o mental a la víctima.

Además, la sanción se duplicará cuando la madre, padre, tutores, curador, parientes o profesionales de la salud, instiguen, autoricen o infrinjan estas “terapias de conversión” a menores de 18 años de edad.

Si la conducta se lleva a cabo en agravio de incapaces, ancianos, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena se aumentará en una mitad más.

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Demandan a la SSA

Por catalogarlos como “enfermos”, cinco personas asexuales de la entidad presentaron una demanda de amparo contra la Secretaría de Salud y otras autoridades del Sistema Nacional de Salud.

Kalycho Escoffié, abogada de Colectivo por la Proyección de todas las Familias en Yucatán, informó que la asexualidad es tomada como una enfermedad en México y otros países.

Explicó que durante el sexenio pasado, el Colectivo documentó que el IMSS utilizaba una serie de preguntas para hacer el diagnóstico.

“Las personas estaban encaminadas de tal manera para que las personas asexuales contestaran a todo que “sí”, explicó.

Esto les diagnosticaba una enfermedad conocida como el trastorno del deseo sexual hipoactivo.

La abogada aclaró que la asexualidad es una orientación sexual, en la cual las personas no tienen sexo y eso no se puede cambiar o modificar.

¿Sabías que en México siete de cada 10 personas son discriminadas por su orientación sexual?

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