La extracción y venta ilegal de arena de las playas de Quintana Roo está causando daños irreversibles en la zona como la erosión, destrucción de hábitats y degradación de fondos marinos.

A pesar de que existen denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por estas prácticas, entre enero y mayo se extrajeron al menos 120 toneladas de arena, cuyo fin es ser vendidas y transportadas de manera ilegal hacia Estados Unidos.

Además, los arenales también han sido hurtados para rellenar el frente de los complejos hoteleros de la entidad.

Dentro de las zonas más afectadas por dicha práctica, se encuentra el conjunto condominal Puerto Cancún.

Las consecuencias de llevar a cabo este fenómeno son: el aumento de la erosión, la destrucción de hábitats de aves migratorias como el charrán, la degradación de los fondos marinos, el incremento de materiales en suspensión (partículas que se encuentran en el agua), y dificultades para la anidación de las tortugas verde y caguama, quienes ya se encuentran en peligro de extinción.

Para poner fin a estas prácticas, senadores y diputados de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobaron el dictamen con punto de acuerdo para que el gobierno del Estado, autoridades federales y las administraciones municipales refuercen la vigilancia en las playas de la entidad y las denuncias puedan ser atendidas de manera más eficiente.

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