De acuerdo con las reformas al Código Penal de Quintana Roo,  la comercialización de desarrollos inmobiliarios en predios irregulares y sin las autorizaciones correspondientes, serán castigadas con penas de tres hasta siete años de cárcel. 

Además se aplicarán 600 días de multa y reparación de los daños a quien fraccione terrenos sin cumplir los requisitos incluidos en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. 

Estos delitos contra el desarrollo urbano incluyen a constructoras que se publiciten sin licencias o violen uso de suelo en áreas naturales protegidas.