México enfrenta un gran reto para mantener el equilibrio entre el respeto a los derechos humanos de los migrantes y la aplicación de la ley que conlleva el despliegue de los 6 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur.

La interrogante es simple: ¿Qué acciones pueden realizar los uniformados?

A diferencia de Estados Unidos, en México no es delito mantener una situación migratoria irregular, de hecho, la Ley de Migración considera que “el libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo”, teniendo incluso el derecho a recibir servicios educativos y atención médica e impartición de justicia.

Esta misma ley proclama las obligaciones de estas fuerzas de seguridad de acuerdo a los  artículos 7 y 9:

. Los guardias pueden impedir que se cometan infracciones a la Ley de Migración, garantizar, mantener, y restablecer el orden y la paz social en las zonas fronterizas, litorales, en pasos y puentes limítrofes, aduanas, secciones aduaneras, puntos de revisión aduaneros, centros de supervisión y control migratorio.

A su vez, también pueden detener a los migrantes que ya hayan ingresado a nuestro país sin la documentación adecuada, realizar su registro, y enviarlos de inmediato ante la autoridad migratoria.

Todo lo mencionado anteriormente, se debe hacer más siempre respetando los derechos humanos de la población migrante, lo cual, por irónico o contraproducente que parezca, plantea un difícil equilibro para los guardias nacionales: fuerza vs. paz y respeto a los que llegan a nuestro país.