El pasado 12 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el proyecto de la NOM 237, el cual está a nada de ser aprobado y aquí te explicaremos de qué va dicha norma.

La ley fue impulsada desde la Secretaría de Economía y la de Educación Pública (SEP). Busca regular los “Servicios educativos – Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia”.

Sin embargo, ha causado inquietud entre los padres de familia y los propietarios de colegios privados, quienes temen costos excesivos para ambas partes tras su validación.

¿Qué busca la NOM 237?

En entrevista para Política Expansión, el titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Jesús Cantú señaló que:

“Se busca que haya una obligación de transparencia y de precisión en la información que proporcionen (las escuelas) acerca de cuáles son los servicios que van a proporcionar, cuánto van a cobrar y qué van a cobrar”.

Añadió que también se busca establecer que los compromisos que adquieran ambas partes no se puedan modificar con algún costo extra. Es decir, que los colegios no traten de aumentar sus ingresos o que los padres de familia o estudiantes incumplan con sus obligaciones de pago.

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Esto podría ser posible a través de la firma de un contrato al momento de iniciar el ciclo escolar.

“El único costo que puede implicar es adquirir un archivero para tener los contratos sistematizados”, insistió Jesús Cantú.

Aseguró que se trata más de un ejercicio de transparencia que servirá, sobretodo, a los padres de familia.

No obstante, los colegios temen que haya algún tipo de verificación directa, aunque eso solo pasaría si se presentan quejas entorno a la institución.

De no ser el caso, las escuelas únicamente deberán validar sus contratos ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El registro será en línea y no generará costos extras de certificación, entre otros.

Temen cierre de 18 mil escuelas por la 237

Aún con todo este escenario “positivo” de regulación, los empresarios han advertido sobre el cierre de por lo menos 18 mil escuelas privadas en todo el país. ¿Por qué?

Porque la nueva ley también establece:

  • Aceptar sin cargo alguno los pagos por colegiaturas, dentro de los primeros 15 días de cada mes.
  • Las colegiaturas pueden determinarse por grado, pero su costo no variará durante el ciclo escolar.
  • No deberán establecer cuotas o aportaciones extraordinarias a los consumidores del servicio.
  • No pueden exigir a los usuarios que adquieran con ciertos proveedores útiles, vestuario, libros y otros artículos.
  • Está prohibido establecer tarifas, respecto a la utilización de bibliotecas, laboratorios y talleres.
  • Deben presentar a los consumidores los ajustes de cobro y cambios de servicio para el siguiente ciclo escolar.
  • En ningún momento los colegios realizarán la retención de documentos personales y académicos de los estudiantes.
  • Los colegios tendrán la obligación de continuar con clases, pese al incumplimiento de más de 3 meses de colegiaturas.
  • Los proveedores de servicios educativos pueden convenir un plan de pagos con el padre de familia.
  • El estudiante tendrá derecho a presentar exámenes extraordinarios, igual que los demás alumnos, en caso de incumplimiento de pagos por los padres de familia.

¿Cuál es el estatus de la Norma?

La norma avanza y parecer ser que será antes de diciembre del 2021 cuando finalmente sea aprobada por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

La norma se incluyó dentro del programa de este año, junto con un anteproyecto que, como marca la Ley de Infraestructura de la Calidad, obliga a que se abra durante 60 días para realizar observaciones.

Una vez que se lleve a cabo esa parte, se sistematizan estas observaciones y se abren grupos de trabajo. En este caso se abrieron 8 grupos y se llevaron a cabo 16 sesiones para debatir la norma.

El resultado fue la aprobación del anteproyecto y ahora está en el Consejo de Normalización, que lo enviará a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Una vez ahí, otra vez se define cuál es el impacto regulatorio, y una vez que lo libere, la NOM 237 se publicará en el DOF y ya entrará en vigor.

Para saber más: Conoce la nueva ley general de educación superior

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