Plan de arranque para la Guardia Nacional

El territorio mexicano se delimita cartográficamente por líneas que asemejan colindaciones o fronteras entre estados, mientras que se divide social y políticamente con límites de riesgo o zonas rojas. Y son 150 de las 266 regiones territoriales, en las que se dividió el país para que la Guardia Nacional enfrente la crisis de inseguridad.

De acuerdo al Gobierno Federal, la Guardia Nacional estará lista en tres meses y se desplegará gradualmente en Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco, Cancún, Manzanillo, Cajeme, Monterrey, Coatzacoalcos, Reynosa, Ecatepec, Lagos de Moreno, Guadalajara, Culiacán, Ciudad Cuauhtémoc, Salamanca, Irapuato, Celaya, Uriangato, Tlajomulco, Chilpancingo y Nuevo Laredo, como ciudades prioritarias debido a los altos índices de violencia que enfrentan.

El ambicioso proyecto de seguridad impulsado por Gobierno Federal, pretende enviar a estos uniformados militares y navales a Los Cabos, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlajomulco, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Mazatlán, Hermosillo, Matamoros, Reynosa, Chilapa, Zihuatanejo, Iguala y Tepic, ya que desde febrero pasado operan 6 mil 643 elementos de las policías Militar, Naval y Federal en 13 de 21 regiones ya etiquetadas como focos rojos.

Las autoridades federales estiman un conglomerado de fuerza de 80 mil guardias en este año (35 mil militares, 8 mil marinos, 21 mil 170 reclutas y 18 mil policías federales). Además, prevén solicitar asesoría al gobierno de Canadá, que cuenta con una Guardia Civil, para fortalecer las tareas de seguridad del nuevo cuerpo.

Y la estrategia no acaba aquí: cada tres o cuatro meses se desplegarán bloques de elementos para ir cubriendo las zonas hasta llegar a las 150 en una primera etapa. En las de alta incidencia delictiva serán enviados grupos de 600 efectivos, en las de nivel medio, 450, y en las de nivel bajo, 300, según el plan de acción de la SSPC.

Al respecto, organizaciones civiles han acusado que la Guardia Nacional se está convirtiendo en un instrumento de militarización de facto, una “militarización que no se atreve a decir su nombre” y un atentado contra el proyecto de un país democrático que fortalece el Estado de derecho y que coloca la defensa de los Derechos Humanos como la máxima prioridad.