El gobierno de México, por medio de Servicio Geológico Mexicano (SGM), explora desde hace cinco años yacimientos de litio en los estados de sonora, Jalisco y Puebla; al mismo tiempo que lo hacen empresas de Canadá, Reino Unido, España y Australia, quienes exploran por cuenta propia litio-potasio y carbonato de litio en Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila y Baja California.

La empresa canadiense OrganiMax Butrient Copr tiene 15 concesiones de 31 proyectos registrados en salares de potasio y litio, mismos que comprenden más de 24 mil hectáreas en los estados de Zacatecas, San Luis potosí y Coahuila.

Por su parte, el proyecto en Becadéhuachi, de la canadiense Bacanora Minerals, en Sonora hasta el momento es la que tiene mayores avances y es la más prometedora. La reserva podría llegar a ser la más grande del mundo. Con minería a cielo abierto se estima que producirá a partir de 2021 alrededor de 17 mil 500 toneladas anuales de carbonato de litio, y en una segunda fase, 35 mil toneladas al año; este yacimiento tiene reservas probadas y probables de 23 millones de toneladas.

Si bien el fortalecimiento del Estado en la exploración minera dejaría un beneficio económico, hay otras cosas que también son de importancia: la biodiversidad y la sociedad. Es importante escuchar las voces de las personas que podrían resultar afectadas, deben realizarse estudios de impacto en el acceso al agua, sobre todo del proyecto de Bacanora.

La minería a cielo abierto es “una de las técnicas más destructivas que existen, porque se usan explosivos para remover terrenos para los tajos profundos que impactan a la biodiversidad y se usan sustancias tóxicas como cianuro y arsénico” comentó Beatriz Olivera, investigadora de Fundar.

Los primeros pasos de México

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Víctor Toledo, el litio vendría a ser para México el nuevo petróleo y se podría comenzar a producir autos eléctricos en fábricas públicas. Sin embargo, existe el debate de cómo se aprovecharán las reservas de litio en torno a crear o no una empresa pública o privada para “nacionalizar” el litio y que el gobierno tenga así, un mejor control sobre el uso del éste.

El litio puede emplearse en la construcción de baterías, autos eléctricos, en la industria aéreo-espacial, del aluminio, vidrio y cerámica, sistemas de aire acondicionado, grasas, lubricantes y en la industria farmacéutica.

En esta última “el litio metálico y algunos compuestos se utilizan como catalizadores en la elaboración de analgésicos, agentes anticolesterol, antihistamínico, anticonceptivos, inductores del sueño, algunos tipos de esteroides, tranquilizantes, vitamina A y otros productos” particulariza el Perfil del Litio 2018 elaborado por la Secretaría de Economía.

En cuanto a la “nacionalización”, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es necesario debido a que el Artículo 27 constitucional establece el dominio de la Nación sobre los recursos naturales que están en el suelo y en el subsuelo. También en diversas ocasiones ha dicho que su gobierno no ha otorgado nuevas concesiones mineras.

Francisco Quiroga, subsecretario de Minería, expresó a través de su cuenta de Twitter que “Las concesiones dadas se respetarán. Acompañamos los proyectos para maximizar el impacto económico y social”.

Durante el Mining Fourum 2020, Quiroga informó que se había reunido con inversionistas de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, y dijo que “Lo que estamos ofreciendo no es nada más la promoción de la actividad minera, sino la actividad minera en conjunto con la cadena productiva; la capacidad manufacturera ha sido de mucho interés”.

Actualmente el país importa litio de países como Eslovenia, Chile y Estados Unidos.

Lo que debemos aprender de Bolivia

Antes del Golpe de Estado, Bolivia tenía la intención de explotar el litio, elaborar baterías y así poder exportarlo con valor agregado por medio de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos.

El Gobierno de Evo Morales siempre dio prioridad al Estado creando empresas nacionales, cosa que con Jeanine Áñez no ha sucedido, el gobierno actual ha comenzado una campaña para desprestigiar las empresas creadas por Morales y están siendo preparadas para una posible privatización.

Luis Arce, candidato a presidente, lanzó un tuit en el que acusa que “intereses privatizadores recorren nuevamente Bolivia. El gobierno ‘transitorio’ no sólo paralizó el proyecto soberano de industrialización del litio, sino que a espaldas del pueblo está tomando decisiones sobre nuestros recursos naturales. No permitiremos que se entregue a transnacionales el presente y el futuro de Bolivia. ¡El litio es del pueblo!”.

Por otra parte, el gobierno de Morales estaba trabajando en la fábrica piloto de hidrocarburos de litio propiedad del Estado, en colaboración con técnicos y capital chino y alemán para que el salar de Uyani comenzara con la exportación de materias primas, sin embargo, ahora no se sabe lo que pasará con ella.

Se cree que el golpe de estado es más hecho simbólico que real, debido a que la concentración de litio de Bolivia es seis veces menos que en los salares chilenos, por lo tanto, el depósito de Uyani no es una prioridad para los mercados.

 

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