Por unanimidad, el Congreso de Quintana Roo aprobó esta semana la llamada Ley de Justicia Alternativa, pero ¿Qué significa eso? Aquí te lo contamos.

Primero que nada, debes saber que esta Ley fue promovida por la diputada Kira Iris San, presidenta de la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura.

Su intención, según dijo, es resolver los conflictos legales en Quintana Roo de manera rápida y efectiva, pero ¿Cómo se logrará eso?

La Ley de Justicia Alternativa aprobada por el Congreso local es un conjunto de procedimientos distintos a los jurisdiccionales para la solución de controversias entre particulares.

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Es decir, a través de una mediación, ahora las partes interesadas podrán llegar a acuerdos de acceso a la justicia con criterios claros y definidos.

Iris San, quien promovió la norma, dijo que ahora se procurará “una intervención más activa de la ciudadanía”.

Asimismo precisó que la Ley cambiará las formas de relacionarse entre sí, en las que se privilegie la responsabilidad personal y el respeto al otro.

Mediadores, clave en la nueva Ley de Justicia

La característica principal de esta Ley será es mediación privada, la cual es un procedimiento voluntario de “acuerdos” entre ambas partes.

Esta funcionará con el apoyo de un Mediador Privado, quien puede comunicarse y negociar, para encontrar de manera amigable y satisfactoria la solución legal a un problema de carácter Civil-Mercantil o Familiar.

Se entiende por Mediador Privado al profesional certificado en los campos Civil-Mercantil y Familiar, que se encuentra en constante actualización y bajo una regulación.

Es una persona imparcial, neutral y se encarga de facilitar la comunicación entre los interesados para que puedan solucionar su problema.

En el caso de Quintana Roo, el registro de los mediadores será público, electrónico, gratuito y obligatorio, dijo Iris San.

Su certificación tendrá vigencia por cuatro años y solo podrán intervenir en materias civil, familiar, mercantil y comunitaria.

Será el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo quien emita dichas certificaciones y establezca instrumentos jurídicos.

Además de herramientas tecnológicas para la utilización de la firma electrónica en los asuntos celebrados ante el Centro de Justicia Alternativa en la modalidad de mediación a distancia.

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