La Organización de las Naciones Unidas ha escrito al gobierno federal para expresar su preocupación por posibles violaciones de derechos humanos y la inadecuada información de impacto ambiental relacionada con la construcción del Tren Maya.

Seis relatores especiales de la ONU en áreas que incluyen derechos humanos y derechos indígenas dijeron al gobierno que están preocupados por los posibles impactos del proyecto ferroviario de 8 mil millones de dólares.

Dichos daños se producirán en las comunidades indígenas de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

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Los derechos territoriales de los pueblos indígenas, incluido el derecho a no ser desalojados y su derecho a la salud podrían verse afectados negativamente por el tren, añadieron.

Información de impacto ambiental del Tren Maya

Los relatores también manifestaron su preocupación por “la información que indica que el estudio de impacto ambiental del proyecto ha sido inadecuado”.

Una evaluación inadecuada implica “riesgos de daño ambiental”, decía la carta, explicando que podría haber impactos negativos sobre la biodiversidad y las fuentes de agua en las regiones por donde pasará el tren turístico.

Los funcionarios de la ONU detallaron que se ha confirmado que el proceso de consulta que precedió a la aprobación del proyecto del Tren Maya, incluida una votación que encontró un 92 por ciento de apoyo, violó los derechos de las personas. Además, dijeron que hay información que muestra que el proceso se impuso a los vecinos.

Los relatores especiales expusieron que el proceso de consulta no fue “culturalmente adecuado” y que no se presentó a los residentes “información completa, adecuada e imparcial sobre el proyecto.

Además de una falta claridad en los impactos ambientales, debido a que no se habían completado los estudios sociales y de impacto ambiental necesarios.

Denuncia ONU acoso a ambientalistas por Tren Maya

De acuerdo con los relatores de la ONU, la organización recibió informes de personas que han sido acosadas por buscar más infromación sobre el proyecto o por expresarse en contra.

Asimismo, añade, los defensores de derechos humanos que han presentado acciones legales contra el Tren Maya han sido criminalizados, difamados y desacreditados.

También expresaron su preocupación ante la “posible militarización” del sureste de México mientras se construye el ferrocarril, pues el gobierno anunció que el ejército construirá dos tramos del mismo.

Por ello, solicitaron al gobierno una variedad de información que incluya detalles sobre el proceso de adquisición de tierras y una explicación de por qué se tomó la decisión de hacer uso de las fuerzas armadas en territorio indígena.

De igual forma, pidieron una garantía al gobierno mexicano de que no habrá agresiones contra personas que se opongan o cuestionen el proyecto.

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