En México, la realidad es que muchas personas le temen a cualquier elemento de seguridad que ven en la calle ¿por qué? Porque de alguna u otra forma la autoridad ha perjudicado a quienes debe proteger. Esta vez, la Guardia Nacional está involucrada en al menos cinco posibles casos de abuso de la fuerza.

Estos casos únicamente han sido registrados en los últimos seis meses del año y la mayoría aún se encuentra en proceso de investigación.

Los presuntos casos de la Guardia Nacional

En la mayoría de los casos, las denuncias aseguran que los elementos de la Guardia Nacional dispararon en contra de las víctimas en circunstancias en las que no representaban peligro para los elementos, ni estaban armadas.

El primer caso fue registrado el 10 de marzo en Sinaloa, elementos dispararon contra Luis Ángel “N” cuando manejaba una motocicleta y no quiso detenerse. El segundo, ocurrió el 29 de marzo en Zacatecas, Edgar Eduardo “N” recibió un disparo en una de las manos por elementos de la Guardia Nacional.

El tercer caso llegó en el 26 de mayo en Tamaulipas, José Lorenzo “N” fue encontrado muerto en el Río Bravo. Su madre y testigos señalaron que elementos de la Guardia Nacional lo detuvieron, golpearon y arrojaron al cauce.

Mientras que el cuarto caso fue registrado el 17 de julio, Mario “N”, de 18 años, recibió un disparo en el rostro efectuado por elementos de la misma corporación.

El último caso, ocurrió el 8 de septiembre en Chihuahua. Durante un enfrentamiento con campesinos, Yesenia “N” fue detenida, de acuerdo con testigos, los elementos de la Guardia Nacional le dispararon.

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¿Se compra el silencio de las víctimas?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a través de su Unidad de Vinculación Ciudadana (UNIVIC), se ha encargado de los procesos de negociación por el pago de indemnizaciones con las víctimas.

En el primero de los casos, la Sedena negoció el pago de 750 mil pesos por indemnización. El convenio se firmó con militares como testigos ochos días después de la agresión. La indemnización del segundo caso se realizó por el pago de 50 mil pesos.

En el tercer caso, la indemnización fue por dos millones de pesos y el convenió se firmó en el Hospital Central Militar.

En el caso del joven muerto y en el más reciente en Chihuahua aún no se han llegado a acuerdos, pero se han iniciado carpetas de investigación. Por este último, 17 elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

A pesar de todas estas irregularidades, ningún elemento ha sido dado de baja en lo que va del año. Respecto a los casos, todos están en proceso de investigación.

¿Acaso las indemnizaciones permiten que todos los casos queden en “investigación”?

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