El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha dado a conocer que la Fiscalía solicitó a un Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diferentes estados de Guerrero quienes pudieron haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador comenzó con una nueva investigación del caso, dejó de lado la línea de investigación-resolución que realizó la PGR en el sexenio de EPN, en la que se llegó a la conclusión de que los 43 estudiantes fueron asesinados y calcinados en un basurero de Cocula.

 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) encontró omisiones en la pasada investigación, por lo que la FGR recogió nuevos testimonios y se liberaron órdenes de aprehensión contra servidores públicos que no fueron investigados, ni habían enfrentado un proceso legal durante la investigación que realizó la PGR y que estaba a cargo de Jesús Murillo Karam.

En esta nueva investigación se detuvo a José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, uno de los presuntos responsables de las desapariciones. Además, se informó que Tomás Zerón, jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR se dio a la fuga, quien manipuló las evidencias en el Río San Juan durante las investigaciones realizadas para dar a conocer el paradero de los normalistas.

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