La Fiscalía General de la República (FGR) tiene en la mira al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, por haber jugado un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso Odebrecht, según dio a conocer el diario Reforma en su edición impresa de este jueves.

Las afirmaciones del medio están basadas en la solicitud de orden de aprehensión que la FGR ha emitido en contra de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda.

Va FGR contra Peña Nieto por traición a la patria

En el documento, la dependencia que dirige Alejandro Gertz Manero, considera que el expresidente Peña Nieto fue el mediador de los delitos mencionados, así como los de carácter electoral.

“Con su actuar ilícito no solo obtuvo beneficio personal sino procuró también el beneficio de la empresa Odebrecht quien los había ya hecho objeto de cohecho, traicionando a la patria con su mal desempeño”, expuso Reforma citando la orden de aprehensión.

Dicho de otra manera, Enrique Peña Nieto usó a Luis Videgaray y Emilio Lozoya para delinquir desde el cargo público para el que fue electo.

“Los hechos delictivos de cohecho y traición a la patria surgieron por disposición de él mismo (Peña)”, puntualiza el documento.

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Peña usó a Videgaray para distribuir más de 121 mmp

De acuerdo con las investigaciones realizadas y por las que va la FGR contra Peña Nieto, se indentificó que Luis Videgaray fue utilizado para distribuir “de manera espontánea y por interpósitas personas” 121 millones 500 mil pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle.

Dentro de las investigaciones, también se descubrió que fue beneficiado el entonces líder del PAN, Ricardo Anaya y el legislador priista David Penchyna Grub.

De esta manera, según Reforma, “el delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas señalados”.

Mientras que el delito de traición a la patria “habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht”.

Con ellos, Peña y sus aliados “podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación”, sentenció Reforma.

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