Empresarios mexicanos se han comenzado a manifestar en contra del reciente incremento a los costos de la electricidad, argumentando que el gobierno federal y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ignoraron la Ley de la Industria Eléctrica y que no se escuchó su llamado.

Tarifas exorbitantes

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informó que el aumento se dio entre un 500% y 900%, lo que perjudica a la economía nacional, entre eso a la competitividad, al empleo, a las exportaciones y a cada uno de los mexicanos, lo que incrementaría el costo de vida.

La CRE anunció a finales de mayo el aumento de los precios, donde puntualizó que se aplicará a firmas con contratos registrados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) previo a la reforma energética realizada entre 2013 y 2014.

Ante esto, la CCE se manifestó al respecto y señaló a las autoridades de ignorar las evidencias sobre el impacto y repercusiones que se manifestarán sobre la economía y los consumidores. Además, señalaron que los primeros en recibir un impacto directo sería la industria y el comercio.

“Este nivel de discriminación a la Iniciativa Privada y opacidad debilita el Estado de Derecho”, dijo el CCE.

Esta acción debilita aún más las finanzas de las empresas después del COVID-19, con estas tarifas será casi imposible mantener a toda su plantilla laboral.

Electrolinazo

La CCE denuncia que el alza de precios se dio “en un contexto de opacidad” y asegura que para el “electrolinazo” no se realizó una consulta pública o un análisis de costo-beneficio como lo manda la Ley Federal de Mejora Regulatoria, y que se debe realizar antes de aplicar cambios regulatorios.

Con anterioridad, el gobierno desató quejas al modificar el esquema que promueve la generación de energía limpia al permitir que participaran centrales hidroeléctricas de la CFE y a pesar, de que más de una compañía presentó recursos legales en contra, nada se pudo hacer al respecto.

El organismo se ha mostrado preocupado ante la situación, debido a que vulnera la segunda mayor economía de América Latina y lo ha calificado de “ilegal e inadmisible”.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclama una mayor participación del estado en la política energética, pues asegura que la vieja reforma energética favoreció a las empresas privadas y fomentó el uso de energía verde poniendo en desventaja a la CFE y a PEMEX.

Las repercusiones que esta medida comenzarán a verse, llegarán a los consumidores finales y encarecerá su vida a corto plazo.

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