Como preludio de esta columna tenemos el 13 de abril, donde el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó lo abrogación de la Reforma Educativa, situación que inmediatamente alertó a la bancada diputacional, enfatizando a los del PRI.

Los Diputados del PRI emitieron un comunicado tan pronto como terminaron las declaraciones.

“La expedición de cualquier Decreto por parte del Poder Ejecutivo que derogara, abrogara o decidiera la no aplicación o inobservancia de cualquier disposición constitucional o legal vigente, sería inconstitucional”.

Entre diversas citas a los artículos constitucionales, resaltan casos donde el Ejecutivo pudiera tener cierta injerencia en estos temas, más nunca como un total imperativo, sino acompañado de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo y alejándonos del ángulo de este antecedente en particular, el camino de la 4T ha ido modificando lineamientos constitucionales a fin de lograr sus fines, tal es caso de la guardia Nacional, donde diversos artículos tuvieron que ser reformados.

En este sentido la oposición juega un papel dramático – heroico ante este tipo de situaciones, con el objetivo firme de recalcar errores administrativos, sin embargo y en esencia, el señalamiento es oportuno; no podemos continuar edificado un país con intereses moralistas cuando el mismo poder Ejecutivo no respeta los lineamientos establecidos.

Es correcto adaptar las reformas, y es prudente de igual forma que una de las primeras en sufrir modificaciones debe ser la educativa, sin embargo, el apego a protocolos nacionales (burocracia) tiene que ser el orden para la mejorar la situación interna.