El pasado jueves 7 de octubre se publicó un Decreto por el que se crea la Comisión de la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990.

El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Establece a dicha Comisión como un grupo de trabajo especial para cumplir las funciones de investigación, seguimiento, fiscalización, proposición y emisión de informes.

Todo lo anterior relacionado con los hechos de violaciones a los derechos humanos en el periodo de violencia política que va de 1965 a 1990.

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El objetivo es realizar “las acciones necesarias para el esclarecimiento de la verdad, el impulso a la justicia, la reparación integral y el derecho a la memoria dentro de la competencia de la Administración Pública Federal”.

Además de “dar vista a las autoridades ministeriales, judiciales, de atención a víctimas o aquellas que resulten competentes para su atención”.

En conferencia de prensa, Alejandro Encinas, Subsecretario de Gobierno, dijo que el decreto es “el resultado de un compromiso y de un acercamiento de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la llamada Guerra Sucia con el presidente y la Secretaría de Gobernación”.

Explicó que las tareas de búsqueda serán lideradas por la Comisión Nacional de Búsqueda y se realizarán en campo o archivos, panteones o fosas comunes. Pero “también en sitios que hasta ahora han estado prácticamente censurados para cualquier tipo de investigación”.

“Esto implicará ir a cualquier instalación civil o militar donde se presuma que puedan hallarse vestigios de las personas desaparecidas”, puntualizó Encinas.

¿Quién integrará la Comisión de la Verdad?

La Comisión de la Verdad será integrada por el titular de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración; además de:

  • El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores
  • El secretario de Hacienda y Crédito Público
  • El responsable del Archivo General de la Nación
  • El encargado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas
  • La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB)
  • Cinco personas expertas “de reconocida calidad moral o prestigio profesional”.

Quienes propondrán las cinco personas expertas serán un representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.

Además de un representante de las víctimas, sus familiares y las personas sobrevivientes. Éstos recibirán la asesoría técnica de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Si bien el decretó entró en vigor el 7 de octubre, ´éste será valido hasta el 30 de septiembre de 2024. La instalación formal se realizará dentro de los 30 días hábiles siguientes a su entrada en vigor.

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